El  panorama laboral en el sector es muy desalentador,  en el sentido de que, actualmente ya se trabaja  con un ratio de personal muy limitado, teniendo en cuenta la alta dependencia de los usuarios, que cada vez es mayor. 

Consideramos que reducir el número de profesionales por usuario va en detrimento de la calidad asistencial y se podría traducir en una rebaja de la jornada laboral de las personas trabajadoras e incluso provocar su despido.

Es intolerable que la deuda que la Generalitat mantiene con las patronales, unos 160 millones de euros, lo paguen los y las trabajadores y trabajadoras del sector, con una reducción de jornada y por lo tanto de salario, o con la pérdida de su puesto de trabajo.

Esta deuda proviene de los 70 millones pendientes de julio de 2012 y de los 90 millones de Prestación Económica vinculada al Servicio (PEVS, que no se paga desde enero), retrasos a empresas colaboradoras, la supresión "

Esta bajada de ratios no es una compensación por los recortes, es un ATAQUE DIRECTO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS, en un intento de precarizar aún más su situación laboral.

Es evidente que estas no son, ni las soluciones ni las formas para hacer de la dependencia un verdadero pilar del estado del bienestar.

En el día a día ya tenemos que enfrentarnos a la problemática que representa la ausencia de suplencias del personal que se encuentra en situación de ILT o vacaciones, ya que las empresas "se ahorran estos recursos", lo que provoca un estrés adicional por acumulación de tareas para los profesionales, a los que por otra parte les rige uno de los convenios más precarios relacionado con los servicios sociales y sanitarios.

"El futuro de la atención a las personas mayores se decide hoy; y su calidad de vida depende de las decisiones que tomemos o no en este momento".

La eficacia de este sector no puede medirse por criterios mercantilistas y de abaratamiento de costes vía degradación del servicio, sino por criterios de equidad, universalización, profesionalización y calidad contrastada y supervisada por los poderes públicos.

El sector de la atención a las personas en situación de dependencia juega un doble papel para la mejora del bienestar de la población: La aportación directa que el servicio supone para  las persones beneficiarias, y la influencia positiva en el conjunto del sistema económico derivado de la creación de nuevos puestos de trabajo. En este sentido se requiere una dotación suficiente de profesionales cualificados, social y laboralmente reconocidos, para dar una respuesta efectiva y especializada. 

El sistema ha de garantizar unas condiciones laborales dignas para todas las personas profesionales de este sector, favoreciendo la negociación de un acuerdo marco del sector desde cada una de las comunidades autónomas. Unas políticas salariales dignas, ratios de profesionales óptimos y el acceso a la formación, entre otros, son aspectos esenciales para garantizar un sistema de atención a la dependencia de calidad."

LA BAJADA DE RATIOS YA ES UNA REALIDAD

27 de febrero de 2014

El diario Oficial de la Generalitat de ayer publicó la Orden que formaliza la rebaja en la exigencia de dedicación mínima de algunos profesionales en residencias que tengan plazas financiadas por la administración y que fue pactada entre ICASS y las asociaciones patronales de residencias en Noviembre de 2013. Lo que hace la orden es modificar transitoriamente la Cartera de Serveis afectando al número de horas que, como mínimo tienen que contratar las residencias para atender a residentes según su grado de dependencia. Aunque la rebaja no supone la flexibilidad que pedían las asociaciones patronales y puede plantear algunos problemas en su aplicación concreta, sí marca un cambio en la exigencia de requisitos por parte de la Generalitat ya que es la primera vez que se produce una disminución de exigencias. Varios colegios profesionales han manifestado su total desacuerdo e incluso presentado alegaciones, ahora queda por ver cómo se produce la aplicación prácitca... Ver más información y texto de la Orden

ORDEN BSF/35/2014, de 20 de febrero, por la que se actualizan los criterios funcionales de los servicios de los centros residenciales para personas mayores de la Cartera de servicios sociales

Otros puntos que trata el acuerdo son los de evitar el impago de las aportaciones de los residentes, la racionalización del suministro de medicamentos y una aparente conversión de las plazas colaboradoras en concertadas.

Aunque el enunciado es innecesariamente enrevesado, se puede entender que ICASS establecerá un protocolo para apoyar la reclamación de las aportaciones (copago) que los usuarios dejen de pagar a las residencias y llegará a asumir el pago de lo que los residentes y sus familiares dejen a deber. 

La conversión de plazas de colaboración en concertadas recibe el nombre en el acuerdo de "consolidación de la red pública". Aquí el compromiso es más liviano y se limita a la elaboración "de un plan de consolidación hacia la concertación en los próximos años, que tendrá su inicio en una primera fase a trabajar en 2014 para materializar el concierto en 2015".  Ese plan tendrá como premisas la calidad en la prestación de servicios y la atención centrada en la persona (algo que habrá que definir) y se elaborará  "con el consenso de todos los agentes implicados".  Parece que en ese proceso se hará algo para "no excluir" las residencias pequeñas ("aquéllos establecimientos garantes de un servei de calidad y sostenibilidad" que no se ajusten a algunos de los requerimientos normativos.  O sea que, este punto es tan difuso y con una concreción tan alejada en el tiempo que casi es como si no estuviera en el acuerdo.

Hay que tener en cuenta que el acuerdo, hoy por hoy, no tienen ninguna aplicabilidad práctica y que los ratios actuales seguirán siendo exigibles hasta que se apruebe una modificación del Decreto que regula la Cartera de Serveis.

Así es como ACRA lo ha comunicado a los medios de comunicación:

Las patronales del sector de la asistencia a las personas mayores y el departamento de Bienestar Social y Familia han firmado este mediodía un documento donde se establecen medidas para asegurar la sostenibilidad del sector de la tercera edad. El acuerdo es el resultado de más de un mes de negociaciones y sirve de punto de partida para implementar nuevas acciones en el sector.

Desde ACRA , la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, queremos manifestar que, a pesar de los avances que supone, el documento deja fuera de la mesa dos de las principales reivindicaciones de la asociación : la reactivación de las PEVs y el establecimiento un calendario de pagos . Dos medidas que tampoco se han incluido en los presupuestos de la Generalitat para 2014 . ACRA continuará negociando para modificar las cuentas públicas y que las contemplen.

Creemos que es imprescindible para el sector de las personas mayores que la Generalitat vuelva a activar las PEVs , las prestaciones económicas vinculadas a servicios , paradas desde agosto de 2013 . Estas ayudas servían para que el usuario financiara parte del coste de una plaza en un centro privado mientras esperaba una plaza pública . Ahora, con 17.000 personas a la espera de una plaza pública , muchos ancianos no tienen opción de acceder a ninguna residencia .

En cuanto al calendario de pagos de la deuda que la Generalitat mantiene con el sector, y que aumenta ya hasta los 160 millones, desde ACRA creemos que es imprescindible que se establezca para poder sanear las cuentas de las entidades asistenciales catalanas.

Entre los acuerdos a que se ha llegado con BSF , cabe destacar una racionalización de ratios de los profesionales , que permitirá adaptar el número de trabajadores en función de la tipología de los usuarios , y el establecimiento de un protocolo para garantizar que los residentes de la red pública cumplan con sus obligaciones económicas  [Fuente]

• Medidas acordadas con el sector de las personas mayores para asegurar la sostenibilidad del sistema

REACCIONES ANTE EL ACUERDO ENTRE ICASS Y LAS PATRONALES PARA REDUCIR LA RATIO DE ALGUNOS PROFESIONALES

Seis colegios profesionales y algunas asociaciones de profesionales y usuarios han firmado un manifiesto en el que critican el acuerdo alcanzado entre ICASS y las patronales del sector para reducir la dedicación mínima de algunos perfiles profesionales en residencias concertadas, colaboradoras y de gestión. Texto del Manifiesto  // continuar leyendo