A LA ATENCIÓN DEL NUEVO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA:

 

Si finalmente se lleva a cabo el proyecto del nuevo ejecutivo, los y las trabajadoras y trabajadores de las empresas contratadas por el ayuntamiento de Barcelona, y la editora de esta web lo expresa con extrema precaución, podemos vislumbrar la llegada de tiempos mejores. Tiempos en los que las personas y sus condiciones sociolaborales signifiquen realmente algo para las instituciones y los ejecutivos que las manejan y les den la importancia que se merecen, cosa que no ha ocurrido hasta el momento. 

No en vano la riqueza y la buena marcha de, en este caso la ciudad,  está ligada estrechamente a la equidad en el bienestar social y laboral de las "personas", que son las que día a día hacen que todos los servicios funcionen. Todo ello, por supuesto, sin desmerecer a las empresas que trabajan honradamente para llevar a buen puerto la ejecución y gestión de los proyectos,  que sin embargo y debido a la naturaleza de los contratos negociados a la baja y a criterios puramente economicistas, a menudo se olvidan de su "responsabilidad social".

 

 

1. A lo largo del tiempo se ha producido un empobrecimiento del personal trabajador, al que se le aplica un convenio marco estatal,  que se encuentra con sueldos escasos y disminuidos a causa,  tanto de los recortes como del aumento del coste de la vida, situación que se agrava si tenemos en cuenta que éste es superior en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, en relación a otras.

Además debido a la necesidad de recualificación profesional, el coste recae en los propios trabajadores y trabajadoras, ya que ninguna de las instituciones, ayuntamiento y generalitat, han sabido resolver este tema. Se ha creado por parte de la administración el "a todas luces insuficiente" programa acredita´t, cuyo coste también deben asumir los propios trabajadores y trabajadoras,  dicho sea de paso y para su conocimiento,  un/una auxiliar de geriatría cobra 959,27 €/brutos mes, si tiene la suerte de estar contratado/a a jornada completa. 

 

Es habitual la trampa de las empresas gestoras de realizar contratos de 37,5 horas semanales y aplicar un baremo de parcialidad, cuando la media del convenio de aplicación de de 37,33 horas semanales, es decir que dan de alta al/la trabajador/a con un porcentaje de jornada equivalente al 93,75%, lo que les permite abaratar los costes ya que el sueldo base disminuye en proporción al citado porcentaje, así como los pluses sujetos a la jornada. Los excesos de jornada que se producen se compensan al personal trabajador con tiempo de descanso y por supuesto cuando disfrutan del citado descanso, no son sustituidos. En nuestra opinión, esta actuación de las empresas es "fraudulenta" ya que engaña, al trabajador, al ayuntamiento,  que paga íntegramente los servicios y a la seguridad social, que deja de percibir los costes reales.

 

2. Es habitual el cambio continuado de personal que se ve obligado a abandonar su puesto de trabajo en cuanto encuentra una nueva oportunidad de mejorar su economía mediante la obtención de un nuevo puesto, en otros sectores. 

 

Es habitual encontrarnos con plantillas donde se aplica una doble o tripe escala salarial, ya que la famosa reforma laboral de 2012 y sus posteriores modificaciones, permite que se realicen contratos de prácticas, en los que el personal cobra un 20% menos del salario base estipulado en un convenio, que de por si, ya es uno de los más precarios. Para que se hagan una idea, por el mismo trabajo y "exigencias", este personal cobra la friolera de 767,41 €/ brutos mes, a lo que hay que añadir que no son puestos de trabajo que deriven en una continuidad y estabilidad laboral, sino por el contrario, estas personas tras ser explotadas, pierden este puesto de trabajo tras un año de contratación,  porque las empresas vuelven a contratar otro personal con las mismas precarias condiciones laborales, Asimismo se sobrepasa con creces el porcentaje que permite el convenio de aplicación para este tipo de contrataciones, lo  cual responde a los criterios economicistas que aplican las empresas gestoras privadas, en detrimento de la calidad del servicio.

 

Esto afecta la cohesión de los equipos que perjudica la profesionalidad, responsabilidad y vocación que caracterizan este trabajo y provoca el descontento de los usuarios y familiares que pierden al personal de referencia. 

 

3. Todo ello agrava un sentimiento general en el que se percibe la desvalorización en la atención de una etapa que debería considerarse primordial y de vital importancia, como es la que se da a las personas mayores en sus últimos años de vida.

 

4. Este colectivo, siendo como es un servicio público, está realizando un trabajo igual que el que se realiza en otros centros, también de titularidad pública, pero que al ser gestionados de forma directa por organismos municipales, disfrutan de unas condiciones laborales superiores a las gestionadas por empresas externalizadas.

 

5. Cada nueva adjudicación de contrata, representa asimismo un agravio para el personal trabajador, que se ve obligado a realizar la declaración de la renta cuando esta se produce antes de finalizar el año natural, ya que de estar exentos de realizarla y a tenor de la normativa (absolutamente injusta),  pasan a tener que "pagar", por no hablar del desgaste para los representantes legales de los trabajadores que tienen que litigar por su mejores condiciones laborales, en el caso de que las tengan,  ya que éstas no aparecen en los plecs de condiciones al completo.

 

6. Ante una nueva licitación, el ayuntamiento, hasta la fecha nunca ha contactado con las RLT de los centros de los cuales es titular a fin de sondear y recabar su opinión , acerca de como ha funcionado, ( o está funcionando) la empresa adjudicataria. Se producen, a menudo irregularidades tanto a nivel organizativo como laboral, por lo que no estaría de más que de una vez por todas se contara con la  valiosa información que pueden aportar los comités de empresa o los delegados de personal.

 

7. Del ayuntamiento de Barcelona dependen 4 residencias de personas mayores, y en todas y cada una de ellas, el personal disfruta de condiciones laborales diferentes, no estaría de más plantear que se negociara un convenio propio que las unificara y dignificara, eso si, no contando exclusivamente con los sindicatos mayoritarios, si no con todos.

 

Es de vital importancia invertir en la gente mayor y que el Ayuntamiento comprenda la situación actual, que no es fácil para nadie.

Consideramos que es equitativo solicitar un incremento salarial y mejoras en las condiciones laborales para todos los y las profesionales de los servicios sociales, tal y como ya realizan desde hace años otros ayuntamientos de Catalunya con centros externalizados. Asimismo creemos que es de vital importancia revisar los ratios establecidos en la normativa, ya que no se ajustan a la realidad y que la gestión de los centros externalizados sea conveniente y asiduamentemente inspeccionada or el ayuntamiento en colaboración con la RLT de los centros.

 

 

Extracto del pla de xoc de Barcelona en comú (pag.3)

"2. En segon, plantegem establir un segell municipal de qualitat en la contractació de l’Ajuntament, com demanen la FAVB i diferents agents sindicals. L’Ajuntament ha de vetllar pels seus treballadors i treballadores. Barcelona té una plantilla de 12.326 persones, 6.456 són de l’Ajuntament  i 5.870 formen part d’organismes públics i empreses municipals. Alhora, l’Ajuntament genera milers de llocs de treball en empreses i en el tercer sector per mitjà de la seva activitat de contractació pública de serveis. En molts casos, es produeixen situacions de precarietat laboral. L’objectiu del Pla que proposem és utilitzar totes les competències municipals per garantir els drets laborals bàsics tant dels treballadors municipals com d’aquells que treballen en empreses contractades per l’Ajuntament."

Traducción: 

"2. En segundo, planteamos establecer un sello municipal de calidad en la contratación del Ayuntamiento, como solicitan la FAVB y diferentes agentes sindicales. El Ayuntamiento ha de velar por sus trabajadores y trabajadoras. Barcelona tiene una plantilla de 12.326 personas, 6.456 son del Ayuntamiento y 5.870 forman parte de organismos públicos y empresas municipales. A su vez, el Ayuntamiento genera miles de puestos de trabajo en empresas y en el tercer sector mediante su actividad de contratación pública de servicios. En muchos casos, se producen situaciones de precariedad laboral. El objetivo del plan que proponemos es utilizar todas las competencias municipales para garantizar los derechos laborales básicos tanto de los trabajadores municipales como de aquellos que trabajan en empresas contratadas por el Ayuntamiento"